La causa de Insaurralde pasó por tres jueces y sigue sin resolución
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Hay un número que conviene tener presente desde el principio: tres.
Tres jueces distintos llevaron la causa por enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde desde que estalló el escándalo del yate Bandido. Ninguno de los tres lo citó a declarar (aunque el último de ellos tiene ahora una oportunidad). Ninguno de los tres respondió ante nadie por haberlo decidido así. Y el juzgado donde tramita la causa sigue sin tener un juez titular.
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Si algún vecino de Lomas de Zamora tuviera con la AFIP la misma deuda que el patrimonio no declarado que se le imputa a su exintendente, ya habría recibido una carta documento, una notificación, un embargo, un contador del Estado revisando sus facturas con fruición. Y hasta el sonoro eco de las botas policiales. El vecino común no tiene la ventaja del juzgado vacante. No tiene la suerte del juez que se va porque no quiere críticas, del “juez subrogante” que se va cuando le vence el turno. No tiene, en definitiva, la arquitectura judicial a su favor.
De esto último se trata toda la historia. No la corrupción de Insaurralde, que es lo que se sigue con pertinencia. Sino el sistema que lo preserva, que funciona exactamente igual que si alguien lo hubiera diseñado para eso, aunque nadie lo haya diseñado.
Todo arranca con una vacante. El Juzgado Federal Criminal y Correccional Número 2 de Lomas de Zamora no tiene juez titular. No lo tenía cuando estalló el escándalo. No lo tiene hoy. La vacante sobrevivió al macrismo, al kirchnerismo, al albertismo y sobrevive al gobierno de Milei. Cuatro presidentes, cuatro oportunidades de cubrir el cargo, ninguna urgencia.
La razón de esa falta de urgencia no es administrativa sino política, y no es difícil de explicar. Un juzgado sin titular es un juzgado sin responsabilidad permanente. El juez subrogante o sustituto llega, actúa mientras dura su turno, y se va. Nadie puede pedirle cuentas por lo que no hizo, porque técnicamente no era su juzgado. La causa queda flotando entre un magistrado y el siguiente, perdiendo impulso en cada transición, empezando de nuevo con cada cambio de manos.
La impunidad por dilución no requiere conspiración. Requiere algo más fácil de sostener y más difícil de probar: la inercia conveniente de un sistema al que no le urge resolver.
Paso a Paso: cómo el juzgado que tiene la causa de Insaurralde no consigue tener un juez
El primer juez de la causa fue Federico Villena, titular del Juzgado Federal Número 1 de Lomas de Zamora. Villena era, allá en 2023, el juez natural: el magistrado al que le correspondía por competencia territorial investigar a un exintendente del municipio. Era, en la jerga judicial, el responsable.
Duró cinco días.
El fiscal Sergio Mola pidió su recusación con dos argumentos concretos: una presunta amistad personal con Insaurralde, y el hecho de que la primera exesposa del imputado, Liana Toledo, hija de un exintendente del mismo partido, trabajaba como prosecretaria en el propio juzgado de Villena. El juez rechazó ambos argumentos. Negó la amistad y aclaró que Toledo llevaba años en el cargo antes de que él llegara. Sostuvo que nada de eso era causal de recusación. Acto seguido, en la misma resolución en que refutaba todo, anunció que se apartaba de la causa por “violencia moral”.
La “violencia moral”, en el lenguaje jurídico, describe situaciones de presión directa que comprometen la independencia del magistrado. Villena la usó para describir la incomodidad de ser señalado públicamente. Que los señalamientos carecieran de base legal no modificó su decisión.
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